LO POSITIVO LA PROCURADURIA, LO NEGATIVO EL CONCEJAL CAYUYO.
Por: Víctor Julio García Rodríguez.
El comentario de hoy hace referencia a un hecho positivo y el otro negativo.
Empezamos con la noticia positiva; los aplausos son para la Procuraduría Regional del Meta, en especial para la señora procuradora OLGA CRISTANCHO, al formular pliego de cargos contra once (11) concejales y tres (3) funcionarios de planeacion de Villavicencio, por el presunto delito de prevaricato, falsedad procesal, al hacer unas modificaciones al Plan de ordenamiento territorial, sin seguir los lineamientos trazados por la ley 388 o ley de planeacion urbana, que establece que toda modificación que se vaya a efectuar a los planes de ordenamiento territorial, se debe seguir el conducto regular ante el Consejo Planeacion Municipal, que esta integrado por miembros de los diferentes sectores de la comunidad, quienes formularan todas las recomendaciones y observaciones que se le deban hacer al plan ordenamiento territorial y después de este estudio, debe ser enviado al Concejo municipal para los debates correspondientes.
Como los funcionarios de planeacion y los concejales violaron este procedimiento legal, la Procuraduría les abrió pliego de cargos.
Felicitaciones a la Procuraduría Regional del Meta, por defender los interese de la comunidad.
Vamos ahora con la noticia negativa. Las rechiflas son para el Concejal de Villavicencio, CARLOS JULIO SERRATO LADINO, popularmente conocido como CAYUYO, al mamarle gallo a un proyecto de acuerdo que le presento un ciudadano de Villavicencio, en el cual se regulaba todo lo concerniente a la contaminación auditiva producida por los almacenes del centro de la ciudad, tabernas, discotecas, bares y cantinas.
Resulta que el concejal CAYUYO, le puso toda clase de trabas al proyecto de acuerdo y ni siquiera lo presento al concejo, para que este lo debatiera y reglamentara lo concerniente a contaminación auditiva en nuestra ciudad.
Al concejal cayuyo, se le olvido el artículo 133 de la constitución política de Colombia, que establece que los miembros de las corporaciones públicas, representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
NOTICERO DEL LLANO.
24 DE OCTUBRE DE 2006.
Por: Víctor Julio García Rodríguez.
El comentario de hoy hace referencia a un hecho positivo y el otro negativo.
Empezamos con la noticia positiva; los aplausos son para la Procuraduría Regional del Meta, en especial para la señora procuradora OLGA CRISTANCHO, al formular pliego de cargos contra once (11) concejales y tres (3) funcionarios de planeacion de Villavicencio, por el presunto delito de prevaricato, falsedad procesal, al hacer unas modificaciones al Plan de ordenamiento territorial, sin seguir los lineamientos trazados por la ley 388 o ley de planeacion urbana, que establece que toda modificación que se vaya a efectuar a los planes de ordenamiento territorial, se debe seguir el conducto regular ante el Consejo Planeacion Municipal, que esta integrado por miembros de los diferentes sectores de la comunidad, quienes formularan todas las recomendaciones y observaciones que se le deban hacer al plan ordenamiento territorial y después de este estudio, debe ser enviado al Concejo municipal para los debates correspondientes.
Como los funcionarios de planeacion y los concejales violaron este procedimiento legal, la Procuraduría les abrió pliego de cargos.
Felicitaciones a la Procuraduría Regional del Meta, por defender los interese de la comunidad.
Vamos ahora con la noticia negativa. Las rechiflas son para el Concejal de Villavicencio, CARLOS JULIO SERRATO LADINO, popularmente conocido como CAYUYO, al mamarle gallo a un proyecto de acuerdo que le presento un ciudadano de Villavicencio, en el cual se regulaba todo lo concerniente a la contaminación auditiva producida por los almacenes del centro de la ciudad, tabernas, discotecas, bares y cantinas.
Resulta que el concejal CAYUYO, le puso toda clase de trabas al proyecto de acuerdo y ni siquiera lo presento al concejo, para que este lo debatiera y reglamentara lo concerniente a contaminación auditiva en nuestra ciudad.
Al concejal cayuyo, se le olvido el artículo 133 de la constitución política de Colombia, que establece que los miembros de las corporaciones públicas, representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
NOTICERO DEL LLANO.
24 DE OCTUBRE DE 2006.

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